Author | Eduardo Bravo
El big data y la internet de las cosas son dos de las herramientas claves para el funcionamiento de las ciudades inteligentes. El primero se utiliza para analizar los abundantes datos relacionados con los ciudadanos que posteriormente determinarán las políticas municipales y el segundo en, por ejemplo, la gestión a través de dispositivos móviles de determinados servicios, como la iluminación urbana. En ambos casos, se necesitan sistemas informáticos para poder desarrollarlos.
Dichos sistemas también deben seguir los principios que inspiran estas smart cities, tales son la transparencia y el control por parte de los ciudadanos de los poderes públicos. Es por ello que algunos gobiernos se están favoreciendo la adopción de software libre.
Diferencias entre software libre y privativo
Es habitual que la diferenciación entre el software libre y el privativo se centre exclusivamente en el aspecto económico. De este modo sería privativo aquel software que requiere de un pago para poder ser utilizado y libre aquel que es gratuito. Sin embargo no es siempre así. De hecho, existen programas de software libre que pueden ser comercializados y que generan ingresos para sus creadores originales como cualquier software privativo.
De igual forma, también podemos encontrar programas privativos distribuidos de forma totalmente gratuita.
Por tanto, la diferencia relevante entre ambas es la filosofía que inspira cada modelo. En el caso del software libre, sus usuarios defienden que cualquier persona pueda tener acceso al código fuente, no solo para conocer su arquitectura, sino para poder modificarla. Gracias a ello, los programas y aplicaciones experimentan mejoras a través del trabajo colaborativo de programadores desinteresados, cuyo objetivo no es obtener rendimientos económicos sino beneficios para la sociedad en su conjunto.
El software privativo, por el contrario, es de código cerrado y solo puede ser modificado por sus creadores. Suele tener un enfoque de “seguridad a través de la oscuridad”, puesto que nadie salvo sus creadores puede ver o modificar su código fuente, y solo ellos pueden añadir nuevas funciones.
Brasil, pionero del software libre en la administración
En el año 2003, el gobierno brasileño fue el primero en el mundo en aplicar el software libre en la administración pública. Esta iniciativa se convirtió poco después en mandato, obligando su uso en las agencias gubernamentales. Entre las razones que justificaron esta decisión estaban el considerar el software como un bien común y que el negocio informático movía en Brasil en ese momento más de tres mil millones de dólares anuales, un tercio de los cuales iba a parar a Estados Unidos en concepto de licencias de software privativo.
Con estas medidas, además de reducir los costes de los servicios informáticos, el Estado incentivaba el desarrollo de las empresas locales como las de Rio do Grande, que utilizó el sistema Linux en los cajeros del banco Rio do Grande do Sul, de titularidad estatal, y en las oficinas de la administración.
El resultado de esta iniciativa ha sido una mayor inversión en el desarrollo de sistemas personalizados a la medida de la administración usando código abierto y un esfuerzo en innovación. Sin embargo, también la aventura de Brasil con el código abierto también ha tenido algún tropiezo.
En 2016 el país realizó una gran compra de licencias a Microsoft, lo que en la práctica suponía deshacer el camino ya andado. ¿El motivo? El desarrollo y en ocasiones uso de código abierto requiere proveedores y profesionales especializados o, como mínimo, con ciertos conocimientos que no estaban presentes en la administración pública, por lo que el país tuvo que echar mano a soluciones comerciales privativas con un soporte técnico como el que solo pueden proporcionar las mayores empresas de la industria.
Ventajas y desventajas del software libre y del privativo
En Europa, la Comisión Europea incentivó el uso del software libre a través de planes como eEurope 2002. Sin embargo, la aplicación no ha sido uniforme por la falta de implicación de los países y porque la dificultad de migrar de un sistema de software privativo a uno libre varían según se trate de una Administración estatal, regional o local.
A pesar de ello, tampoco han faltado casos en los que el cambio de modelo ha sido forzado por la actitud de las empresas licenciatarias de los programas de pago. A finales de 2002, por ejemplo, la ciudad de Múnich fue informada por Microsoft de que no daría más soporte técnico al sistema operativo de la administración local. Obligadas a buscar una alternativa, las autoridades alemanas optaron por Linux/Open Office. Desde entonces, la ciudad ha vuelto de nuevo a los productos de Microsoft y otra vez más al software libre, dando fe de que la adopción de programas de código abierto, aunque deseable, no siempre es fácil.
El software libre, después de todo, también tiene sus inconvenientes. Aunque algunas distribuciones de Linux y ciertos programas poseen grandes empresas detrás capaces de proporcionar un apoyo robusto, la mayor parte del software libre depende del soporte técnico y el buen hacer de la comunidad de usuarios, lo que obliga a las administraciones a realizar un gran esfuerzo en su desarrollo. Esto es especialmente crítico cuando los programas en cuestión trabajan con datos personales, por ejemplo.
Por último, tampoco hay que olvidar que ambos modelos de software operan en un mercado libre y que las administraciones se pueden decantar por uno u otro guiadas, sencillamente, por criterios económicos. Así sucedió en Newham, distrito del área metropolitana de Londres que, ante una situación semejante a la de Múnich, llegó a un acuerdo con Microsoft que hizo que resultase más barato seguir trabajando con la empresa de Bill Gates que utilizar software libre. Y es que, en ocasiones, el software privativo también puede ser competitivo económicamente.
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